El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, argumentó que hubo «administración infiel de los fondos de la sociedad argentina» en la deuda contraída con el Fondo Monetario por más de 44.000 millones de dólares durante la gestión de Mauricio Macri.
El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, sostuvo este lunes que hay «elementos suficientes para pensar que hubo delitos contra el interés nacional» en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizada por el gobierno de Mauricio Macri.
El funcionario calificó ese endeudamiento como «un préstamo precipitado para garantizar que los especuladores financieros transformaran sus ganancias de pesos a dólares y las fugaran».
Los argumentos
Crous señaló que en el proceso de endeudamiento por más de US$ 44 mil millones los principales funcionarios de la cartera económica del gobierno de Macri «no dejaron norma administrativa por infringir» porque «había una tremenda urgencia de que quienes estaban desarmando sus posiciones en pesos no perdieran de ganar la plata que vinieron a ganar».
«Creemos que el FMI hizo la vista gorda para otorgar el préstamo más grande de su historia y que no se utilizó para lo que era. Esa deuda se tomó para garantizarle a los especuladores que desarmaran sus posiciones en dólares».
«Por eso los acusamos de una administración infiel de los intereses nacionales, de una malversación de ese crédito tomado y una violación en el camino de los deberes de funcionario público», explicó Crous.
Otro de los elementos que repasó el titular de la OA es que en el 2019 «entre las PASO y el cambio de gobierno se fugaron alrededor de 20 mil millones de dólares» y una vez que «las ganancias de los especuladores estaban aseguradas» se decidió la administración del mercado de cambios.
«Creemos que esto fue la decisión deliberada de garantizarle las ganancias a los que formaban parte de la misma grey que integraban los funcionarios, desde el punto de las finanzas internacionales», subrayó Crous.
Los funcionarios involucrados
Entre los funcionarios mencionados por Crous se encuentran el expresidente Mauricio Macri, los exministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
En la mañana del lunes, en declaraciones a El Destape Radio, Crous ratificó que la denuncia de la OA es por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos».
En este sentido, el titular de la OA subrayó que la investigación sobre las gestiones para ese endeudamiento necesita «una vuelta más» para detectar a los «especuladores que estuvieron detrás».
«Creemos que el FMI hizo la vista gorda para otorgar el préstamo más grande de su historia y que no se utilizó para lo que era. Esa deuda se tomó para garantizarle a los especuladores que desarmaran sus posiciones en dólares», añadió el ex fiscal.
En este sentido, añadió «lo que es un delito es que decidieron arruinar el interés del pueblo argentino para garantizar el interés de los que hacían bicicleta financiera» y agregó que «se la llevaron a las Islas Caimán y el resto de los argentinos padeciendo para hacer un asado».
«Es judicializable saber quiénes son los que se llevaron la plata y habrá que ver si se puede probar la colusión de los que fugaron la plata», concluyó Crous.
Con el informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación se radicó la denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 5 en la causa 3561/2019 «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
Los delitos denunciados son defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.
Los aspectos más destacados de la denuncia indican que se ejecutó un «programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses».