«Instamos al Gobierno boliviano a dejar en claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional con la liberación de los ex jerarcas detenidos», dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. Como respuesta, la Cancillería boliviana calificó las declaraciones del funcionario como «una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos».
Bolivia consideró “una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos” el reclamo de ayer de Estados Unidos para que la Justicia libere a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a otros exfuncionarios y presuntos responsables del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, y advirtió que pronunciamientos de ese tipo “no contribuyen a una relación de respeto mutuo” entre ambos Estados.
Esas declaraciones “no contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros Estados, no responde a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender”, señaló la Cancillería boliviana en un comunicado publicado en su página y por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, instó al Gobierno boliviano, en un comunicado, a “dejar en claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional con la liberación de los exjerarcas detenidos».
El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó la «profunda preocupación» de Estados Unidos por «las crecientes señales antidemocráticas y la politización del sistema judicial en Bolivia». En su respuesta, La Paz manifestó su preocupación “porque este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que “en el marco de la cultura del diálogo que caracteriza al pueblo boliviano, reitera toda su predisposición para mantener y fortalecer sus relaciones de amistad con toda la comunidad internacional, con base en el respeto a su soberanía y autoderminación”.
La ex presidenta de facto Áñez, arrestada el 14 de marzo por cargos de sedición, terrorismo y conspiración, está con prisión preventiva en un penal de La Paz por seis meses. En ese marco, dos de sus ex ministros también fueron detenidos y se emitieron órdenes de arresto contra otras figuras opositoras.
El martes se le sumaron cargos por firmar «resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación», destacó el secretario general de la Fiscalía boliviana, Edwin Quispe.
Bolivia ya había pedido la semana pasada a Estados Unidos «no intervenir» en sus asuntos internos, luego de que el Departamento de Estado expresara «preocupación» por los arrestos.
Áñez asumió en noviembre de 2019 en forma interina la presidencia de Bolivia en su calidad de segunda vicepresidenta del Congreso tras la renuncia de Morales y de todos los cargos anteriores en la cadena de sucesión.
Morales fue empujado a renunciar en medio de violentas protestas en su contra por acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de ese año, en las que el mandatario se consagró presidente para un cuarto mandato consecutivo, y luego de que los mandos militares y policiales le quitaran el respaldo.
Las protestas antes y después de la salida de Morales dejaron un saldo de 35 muertos y una auditoría privada demostró que no había existido fraude, como sostenía la Organización de Estados Americanos (OEA).
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